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6/9/16

COCA-COLA ES ACUSADA DE FINANCIAR AL TERRORISMO EN COLOMBIA



La fabricante de bebidas azucaradas Coca-Cola y otras 50 empresas colombianas han sido acusadas de financiar al terrorismo por los tribunales colombianos. Coca-Cola estĆ” acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 lĆ­deres sindicales en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002.
Uno de los lĆ­deres sindicales asesinados era Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa (Antioquia). La maƱana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegĆ³ hasta el sindicato de la embotelladora para matarlo.
Una hora despuĆ©s del asesinato de Gil, los paramilitares secuestraron a otro dirigente sindical en su casa, quien logrĆ³ escapar y huir a BogotĆ” para proteger su vida. Por la tarde regresaron al sindicato, destruyeron el equipo de allĆ­ y quemaron la casa, destruyendo todos los registros de la cooperativa.
Sinaltrainal agrupa a los trabajadores de la industria alimentaria, especialmente de las multinacionales Coca Cola y NestlƩ.
Al dĆ­a siguiente, los paramilitares volvieron a la planta embotelladora, juntĆ³ a los trabajadores y les dio un plazo hasta las 16:00 para renunciar al sindicato. Los trabajadores experimentados que dejaron la planta ganaban entre $ 380 y $ 400 pesos colombianos al mes. Los que llegaron de reemplazo fueron contratados por el salario mĆ­nimo de la Ć©poca: $ 130 al mes.

Durante los dos meses siguientes los paramilitares acamparon a las afueras de la puerta de la planta. Coca-Cola nunca se quejĆ³ a las autoridades ni por el asesinato de sus trabajadores ni por la presencia de paramilitares.
Edgar Paz, sindicalista de Sinaltrainal, sostuvo que “la empresa nunca negociĆ³ con el sindicato despuĆ©s de eso. Veintisiete trabajadores en 12 departamentos salieron de la planta y la zona. Todos los trabajadores tuvieron que abandonar el sindicato para salvar su propia vida, y la uniĆ³n fue completamente destruida”.
La hostilidad de la trasnacional de bebidas se iniciĆ³ en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca Cola JosĆ© Gabriel Castro acusĆ³ pĆŗblicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla.
Dos aƱos despuĆ©s fue asesinado JosĆ© Manco David y en 1995 Luis GĆ³mez Granados, ambos en la planta de Carepa. Con ellos se iniciĆ³ la trĆ”gica secuela de sindicalistas muertos por encargo.

BƚSQUEDA DE JUSTICIA

En Colombia, los trabajadores buscaron justicia desde fines de 1996 hasta ahora e incluso algunos terminaron tras las rejas, mientras que los asesinos quedaron libres.
Ante la impunidad decidieron abrir un pleito en 2001 contra Coca Cola en Miami, sede de la trasnacional. Fueron apoyados por sindicatos norteamericanos como United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). TambiƩn fueron demandadas Panamerican Beverages (la mayor embotelladora de bebidas gaseosas en AmƩrica Latina) y Bebidas y Alimentos (propiedad de Richard Kirby de Key Biscayne, Florida), que opera la planta de Carepa.
La demanda la acompaƱaron de una campaƱa mundial de boicot a la Coca Cola iniciado en 2003, acusando que la fabricante de bebidas azucaradas en Colombia “utilizan grupos paramilitares ilegales para intimidar, amenazar y matar a sus trabajadores”.
Pese a la visibilidad internacional de la problemĆ”tica, los sindicalistas acusaron que la intimidaciĆ³n continuaba. AsĆ³ ocurriĆ³ cuando en mayo de 2003 una llamada anĆ³nima a la sede del sindicato en Colombia advirtiĆ³ que las oficinas deberĆ­an ser objeto de un ataque con bomba. En marzo de ese aƱo, como revela The Guardian, un trabajador en la ciudad de Bucaramanga recibiĆ³ una notificaciĆ³n por parte de grupos paramilitares de que habĆ­a sido declarado objetivo militar.

COCA COLA DICE QUE NO TIENE QUE VER

Coca Cola comenzĆ³ a dar respuestas a las quejas por los asesinatos de dirigentes sindicales en sus plantas cuando se dio visibilidad mundial. La empresa dice que declinĆ³ toda responsabilidad por la violencia y la coacciĆ³n y que tienen un cĆ³digo de conducta que requiere el respeto de los derechos humanos.
TambiĆ©n sostienen que las plantas embotelladoras de Colombia “son completamente independientes de la CompaƱƭa Coca-Cola”.
En la empresa local dijeron que “no tenĆ­an manera de detener a los paramilitares de hacer lo que quisieran – despuĆ©s de todo, ellos tenĆ­an armas (…) Nadie le dice a los paramilitares quĆ© hacer”.
Los sindicalistas, por su parte, acusaron en la demandas presentada en Miami que el gerente de la planta en Carepa, Ariosto MilĆ”n Mosquera, “le habĆ­a dado una orden a los paramilitares para llevar a cabo la tarea de destruir la uniĆ³n”. AdemĆ”s sostienen que MilĆ”n tenĆ­a un historial de fiesta con los paramilitares.
Coca-Cola solicitĆ³ un grupo de expertos de las Naciones Unidas a travĆ©s de la OrganizaciĆ³n Internacional de Trabajadores (OIT), para llevar a cabo una investigaciĆ³n independiente sobre lo que pasĆ³ en Colombia.
El delegado de EE.UU. ante la OIT, Ed Potter, era en la Ć©poca director de relaciones internacionales de la Coca-Cola.

ASESINATO DE SINDICALISTAS

El asesinato de sindicalistas o dirigentes sociales en Colombia aĆŗn sigue siendo una prĆ”ctica utilizada por las grandes empresas. Un informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS) difundido por El Espectador, denunciĆ³ que entre abril de 2011 y marzo de 2015 hubo 105 asesinatos de dirigentes sindicales o personas cercanas a ellos. AdemĆ”s el informe acusa que en el mismo periodo suman 1,933 violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal, entre las que contabilizan ataques y amenazas.
Las cifras han bajado respecto de aƱos anteriores. SegĆŗn SOA Watch, en 2000 los asesinatos se cobraron la vida de 153 de los lĆ­deres sindicales de la naciĆ³n. Ese aƱo, tres de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos. En 2001, la cifra habĆ­a llegado a 143 a finales de noviembre.
Hasta el aƱo 2002, la ConfederaciĆ³n Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federaciĆ³n sindical de Colombia, contabilizaba 3,800 sindicalistas asesinados en el paĆ­s desde 1986.


Fuentes: Antilavado.com

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